#MITOSDELAREFORMADELSISTEMADEJUSTICIAPENAL CERTIFICACIÓN ¿REALMENTE ES NECESARIA?

La reforma constitucional en materia de justicia penal del año 2008 es, con independencia de las opiniones que se tengan, uno de los esfuerzos del Estado Mexicano para acercar la justicia a las personas, de forma más ágil y transparente.

Producto de este esfuerzo han nacido a la vida jurídica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional  de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, estos ordenamientos han privilegiado la unificación de los modelos de justicia y de medios alternos de solución de controversias.

Pero el Estado no es el único que ha emprendido esfuerzos para la implementación de la reforma en materia de justicia penal, también los particulares y el sector académico han procurado dar vigencia a esta reforma, mayoritariamente con la puesta en marcha de cursos, talleres, conferencias y programas de estudio para proporcionar conocimientos y habilidades para implementar exitosamente la reforma.

Sin embargo, algunos particulares han lucrado con los cursos bajo la premisa de una certificación que, alegan, tendrá que tenerse para poder patrocinar asuntos en el modelo de justicia penal derivado de la reforma; sin embargo ¿esto es cierto?

LA CERTIFICACIÓN ES PARCIALMENTE OBLIGATORIA

Se arriba a tal conclusión considerando al actor que interviene:

1.- Defensor: Los defensores no tienen la obligación de certificarse, pues dicha obligación no se encuentra ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ello no implica que los defensores no deban adquirir habilidades y conocimientos propios del sistema, pues tanto el imputado como la víctima y el ofendido deben contar con un abogado con conocimientos técnicos, específicamente los imputados deben de contar con una defensa adecuada y es en virtud de lo anterior que la preparación se torna necesaria y adquiere un matiz relevante, ya que al no contar con conocimientos necesarios serán revocados.

2.- Peritos y auxiliares: Los peritos tampoco deben contar con certificaciones, pero si deben contar con un título profesional que justifique sus conocimientos técnicos.

3.- Mediadores: A diferencia de los actores anteriores, los facilitadores si requieren certificación, esto en términos de los artículos 41 y 48 fracción II de la Ley Nacional  de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

La certificación será proporcionada por la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías estatales, además del Poder Judicial de la Federación y por los Poderes Judiciales de los Estados, por lo que en términos de la Ley ningún particular puede otorgar dicha certificación.

Te invitamos a leer el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional  de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para que corrobores esta información.

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